Japón es considerado uno de los países más seguros del mundo. En 2017, el país alcanzó un mínimo histórico de apenas 915.000 crímenes reportados. En comparación, Estados Unidos (con el triple de población) registró 8,9 millones de delitos en ese mismo año. Esa percepción de seguridad convierte a Japón en un destino atractivo tanto para turistas como para residentes extranjeros. Sin embargo, para muchos visitantes desprevenidos, esa seguridad tiene un costo alto cuando se enfrentan al sistema de justicia japonés.
A lo largo de los años, numerosos extranjeros han sido arrestados en Japón por motivos que, en otros países, podrían considerarse menores. Desde robar un onigiri hasta hacer graffiti sin saber que es ilegal, los casos se multiplican. ¿El problema? No es solo el acto en sí, sino cómo funciona la justicia en Japón. El caso del robo confesado por la actriz argentina Angela Torres revivió el debate sobre los extranjeros que viajan a Japón y se aprovechan de la falta de sistemas de seguridad activa en muchos locales. A continuación, exploramos las claves de este fenómeno que afecta a miles de visitantes cada año.
El sistema judicial japonés: detención sin cargos por hasta 23 días
Uno de los aspectos más desconcertantes del sistema judicial japonés es el largo período de detención preventiva permitido por ley. Al ser arrestado, una persona puede permanecer bajo custodia policial durante 72 horas sin necesidad de que se presenten cargos. Si el fiscal lo solicita y un juez lo aprueba, ese período puede extenderse por 10 días, y luego otros 10 días adicionales. En total, una persona (incluso si es inocente) puede ser detenida por 23 días sin juicio ni condena.
A diferencia de muchos países occidentales, no existe la figura de la fianza inmediata en Japón. Esta solo se puede solicitar después de que una persona ha sido formalmente imputada. Durante los primeros días, el detenido tiene acceso limitado a su familia (15 minutos diarios) y no puede usar teléfono ni correo electrónico. Aunque el derecho a guardar silencio está reconocido, es muy difícil ejercerlo: la policía insiste en interrogatorios diarios, sin presencia del abogado defensor, con el objetivo de obtener una confesión.
Muchos extranjeros son arrestados no tanto por actuar con mala intención, sino por desconocer la severidad de la ley japonesa. Por ejemplo, hay turistas que creen que hacer graffiti en barrios como Shibuya es legal porque han visto murales callejeros o publicaciones en redes sociales que sugieren que es “una zona libre”. Sin embargo, pintar en la vía pública es un delito, y quienes lo hacen son detenidos bajo el mismo sistema de 23 días de investigación.
Lo mismo ocurre con peleas, robos menores y consumo de drogas. En países occidentales, muchas de estas acciones pueden resolverse con una multa o una citación. En Japón, la mera sospecha puede implicar semanas bajo custodia. La barrera del idioma complica aún más la situación, ya que el extranjero no puede comunicarse con la policía en japonés y, aunque se le asigna un intérprete, muchas veces la interpretación no es suficiente para defenderse con claridad.
El riesgo adicional de no tener residencia permanente
Un elemento que diferencia a los extranjeros de los ciudadanos japoneses ante la justicia es el riesgo de fuga. Las autoridades consideran que alguien sin residencia permanente podría intentar salir del país para evitar enfrentar cargos, por lo que los arrestos y las detenciones suelen ser más estrictas en estos casos.
Por ejemplo, un turista detenido por robar algo de poco valor (como una bola de arroz) puede terminar pasando meses en la cárcel, incluso si al final se le impone una pena leve o se le otorga libertad condicional. En casos más graves, como posesión de drogas o agresión, la deportación es casi segura después de cumplir la condena. Además, tras la sentencia, la visa suele ser cancelada, y el extranjero debe acudir a una oficina de inmigración donde podría volver a ser detenido hasta su expulsión del país.
Las confesiones forzadas y la “justicia de rehenes”
Uno de los aspectos más polémicos del sistema japonés es lo que algunos abogados y defensores de derechos humanos llaman «justicia de rehenes«. Debido a la presión ejercida durante los interrogatorios (sin presencia legal, con horas de preguntas, en aislamiento y con presión psicológica) muchos detenidos terminan confesando delitos que no cometieron solo para poner fin a su calvario.
Esta práctica se refleja en la estadística: el 99,9% de los juicios penales en Japón acaban en condena. La explicación es que el sistema está diseñado para que, una vez que el fiscal presenta cargos, solo hay una salida rápida: confesar. Declararse inocente puede significar meses o incluso años bajo custodia mientras el juicio se desarrolla. Por eso, muchos optan por admitir los hechos aunque sean inocentes, con la esperanza de obtener una condena menor y ser deportados.
Drogas, peleas y malentendidos: los casos más comunes
Entre las razones más frecuentes por las que los extranjeros son arrestados en Japón están:
- Posesión de drogas: incluso una mínima cantidad de marihuana puede desencadenar un proceso penal largo y la deportación inmediata.
- Peleas en bares: si el otro involucrado es japonés, su versión suele ser tomada como más creíble por la policía, especialmente cuando hay problemas de idioma.
- Robos menores: muchos turistas son detenidos por hurtos insignificantes (comida, ropa), que en Japón se castigan con severidad.
- Graffiti: pese a que algunos barrios parecen fomentar el arte urbano, está prohibido pintar sin permiso.
- Asociaciones con personas involucradas en delitos: compartir un departamento con alguien que recibe drogas por correo, por ejemplo, puede implicar ser arrestado aunque no se tenga relación directa con el hecho.
Incluso no proporcionar la contraseña de un teléfono o una computadora durante una investigación puede complicar la situación del detenido, aunque técnicamente es legal negarse.
¿Qué hacer si te arrestan en Japón?
Ante una detención en Japón, lo más importante es solicitar un abogado inmediatamente. La primera consulta es gratuita y, aunque no pueda estar presente durante el interrogatorio, puede ayudar a orientar la defensa y vigilar el proceso. También se recomienda guardar silencio durante los interrogatorios, ya que cualquier declaración puede ser usada en contra del detenido, incluso si se malinterpreta.
Las embajadas pueden brindar asistencia limitada: contactar a la familia, ofrecer información básica o recomendar abogados, pero no pueden intervenir en el proceso judicial. En definitiva, el mensaje es claro: en Japón, el desconocimiento de la ley no te exime de sus consecuencias, y el sistema penal está diseñado para castigar con dureza incluso los errores menores.
Japón es un país seguro, pero también extremadamente estricto con su sistema de justicia. Para los extranjeros, esto representa un riesgo muchas veces subestimado. Arrestos prolongados, confesiones forzadas, falta de garantías como la fianza y una tasa de condena casi total hacen que cualquier malentendido legal pueda transformarse en una pesadilla.
Por eso, si vas a visitar Japón, no solo debes aprender a usar el tren o a comer con palillos: también debes conocer qué no hacer bajo ninguna circunstancia, por más inofensivo que parezca. Porque en Japón, el problema no siempre es el crimen… sino el sistema.
